La aprobación del proyecto de Ley 4952/2022-CR por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el pasado...
La aprobación del proyecto de Ley 4952/2022-CR por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el pasado 20 de junio, fundamentado por el congresista Hernando Guerra García, ha desatado serios cuestionamientos en todo el país, por tratarse de un proyecto que limita el rol de las comunas ediles, contraviniendo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Cada vez son más las voces que señalan que detrás de esta iniciativa hay un “financiamiento” encubierto, que ha hecho que el proyecto llegue “rápidamente” a la Comisión de Constitución y de manera inconsulta sea aprobado entre gallos y medianoche, para permitir que muchos malos empresarios hagan de las suyas y tengan la opción de trabajar con impunidad, dejando a las municipalidades de manos atadas, recordando aquel viejo refrán que reza: “Hecha la ley, hecha la trampa”.
Hace unos días, varios alcaldes capitalinos se congregaron en la Municipalidad de Miraflores y expresaron su rechazo a este cuestionado proyecto que busca impedir los cierres de locales que no cumplen con normas de seguridad, lo que pondría en riesgo la integridad de clientes, trabajadores y vecinos en general, que acudan establecimientos beneficiados con esta iniciativa.
Al respecto, el alcalde del distrito de Miraflores, Carlos Canales, nos explica el espíritu oculto que escondería este interesado proyecto.
Señor alcalde, ¿qué implicancias trae el proyecto de Ley 4952-2022- CR, presentado por el congresista Hernando Guerra García?
Contamos con el apoyo unánime de los alcaldes del Perú para cuestionar este proyecto de ley que fue manejado entre gallos y medianoche, promovido por un señor, Jorge Lazarte, del colectivo Integridad, en el que existe un lobby de los centros comerciales y diversos gremios, así como propietarios de discotecas y bares de Lima. Este señor Lazarte es el mismo que también promovía un proyecto de ley para eliminar los octógonos de los alimentos que procura proteger la salud de los consumidores.
Sin embargo, esta vez el proyecto 4952-2022-CR en el fondo busca obtener beneficios económicos, promoviendo esta iniciativa que representa una mordaza a los vecinos y municipios, a favor de los grupos de poder. Digo mordaza porque lo que hacemos los alcaldes es recoger las denuncias, quejas y reclamos de nuestros vecinos, ya sea por contaminación auditiva, sonora, etc., que perjudica el bienestar y la salud, así como el comercio de productos de mala calidad, o por manipulaciones no higiénicas en restaurantes y lugares de expendio de comida, así como también por temas discriminatorios a los que tienen derecho las personas a quejarse o reclamar si son impedidos de ingresar a determinado local.
Es decir, este proyecto respondería exclusivamente a intereses económicos y afectará a todos los distritos del país.
Los financistas son los gremios de Lima, pero definitivamente esta norma afecta a todos los alcaldes del país. Además, se trata de un proyecto de ley que es absolutamente reglamentarista, la mecánica que se ha utilizado no es la correcta para poder desarrollar un proyecto de ley y más parece un reglamento que una ley. Eso denota el interés que buscan estos grupos de poder motivados por el señor Lazarte y el lobby que han hecho en el Congreso con el señor Guerra García para poder sacar una norma sin consultar a los que definitivamente son los primeros interesados, que somos los municipios del Perú.
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En dos días ellos han juntado 10 cartas de los gremios empresariales y, sin embargo, no ha habido ninguna consulta ni respuesta a la Municipalidad de Lima Metropolitana o a municipios como nosotros o San Isidro, San Juan de Lurigancho, etc. No ha habido consulta alguna.
¿Se está obviando la Ley Orgánica de Municipalidades?
Mira, lo que pretende es limitar y reducir las facultades que tienen los municipios en las sanciones que les toca ejercer para controlar temas de seguridad, defensa civil, construcción, aforos o manipulación alimenticia.
En suma, hay una intervención en este proyecto de ley que pretende decirle a las municipalidades cómo deben actuar, cuando hay una Ley de Procedimientos Administrativos en la cual los municipios basados en la Ley Orgánica de las Municipalidades actúan. Si se va a proceder el cierre de un local es porque hay una falta severa, una falta grave y amerita que se cierre un local, ya sea en forma temporal o definitiva. Si hay una falta administrativa menor, para eso hay una llamada de atención, una nota preventiva y posiblemente solo proceda una multa.
Es decir, los municipios quedan atados de pies y manos.
Este proyecto dice que solamente los municipios pueden cerrar los locales cuando es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, en otro escenario, por ejemplo, cuando la afectación es en una sola área de un restaurante, solamente se puede cerrar dicha área y debe continuar la actividad.
Por Juan Pablo Chirito
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