Ley propuesta por el congresista Carlos Zeballos, no tomó en cuenta la opinión de los deportistas y Para deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, donde tuvieron una destacada participación.
Golpe al deporte nacional y al corazón de los atletas nacionales. Con la reprobación y el calificativo de “inviable” por parte del Ministerio de Educación (MINEDU), el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Comité Olímpico Peruano (COP), la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP) y todas las Federaciones Deportivas Nacionales, el congresista Carlos Zeballos respaldado por el grupo ADA de Alberto Munar, ha presentado el Proyecto de Ley N° 7740-2023, Ley del Deporte Peruano que vulnera los derechos de los mismos deportistas de alto rendimiento, afectando además la recreación deportiva y vulnera los derechos privados de las instituciones.
Al ser consultado el congresista Zeballos, si es que para la elaboración de este Proyecto de Ley se tomó en cuenta la opinión de los deportistas y Para deportistas, que estuvieron en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, donde tuvieron destacada participación, indicó que solo se habló con “algunos deportistas del ajedrez y entrenadores”, agregando que “el que hace las leyes es el Congreso” con lo cual denota la falta de coordinación con quienes finalmente se verán afectados por la nueva ley.
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“Este Proyecto de Ley no fue consultado a todas las Federaciones Deportivas Nacionales. Tampoco fue sometido a consideración del Comité Olímpico Peruano ni de la Asociación Nacional Paralímpica. Asimismo, se aprobó antes del plazo otorgado para que MINEDU y el IPD presentaran sus opiniones las cuales concluyeron que era inviable. Desde el análisis técnico es una ley pésima. Que legisla de espaldas a la realidad nacional e internacional y su aprobación supondría la suspensión de Perú del sistema deportivo internacional. Este Proyecto de Ley es inviable y debe ser remitido al archivo”, indicó la bancada de Fuerza Popular.
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El proyecto de Ley impone condiciones y requisitos a los clubes deportivos e interviene en la gobernanza de las Federaciones (que son asociaciones privadas). Además, pretende retirar al Comité Olímpico Peruano (COP) su prerrogativa exclusiva de designar a las selecciones nacionales para Juegos Olímpicos, Panamericanos, suramericanos y Bolivarianos. Y en una declaración de Zeballos, este no supo distinguir la importancia de la realización de eventos mundiales para la competencia de los deportistas y quiere quitarle el presupuesto a las Federaciones.
El proyecto de ley ha recibido observaciones de los entes rectores del deporte, como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Ministerio de Educación (Minedu). El 16 de mayo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Minedu envió el informe de doce páginas N° 00963-2024-MINEDU/SG-OGAJ dirigido al presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso en el que concluyen que califican como “no viable” al proyecto de ley.
🇵🇪 El IPD se hizo presente en el reconocimiento al congresista de la República, Germán Tacuri, por su labor en la promoción del deporte, realizada por la Federación Deportiva Peruana de Policías y Bomberos (FEDEPOL). 👮♀️👩🚒#ipd #peru #deporte #congreso pic.twitter.com/rVCNQUa0zt
— ipdperu (@ipdperu) September 13, 2024
Entre las razones que esgrime el informe está que hace referencia a la Política Nacional del Deporte, la cual fue derogada en 2022. Señala que tampoco distingue sus diferentes modalidades con la Educación Física que es un área curricular cuya función exclusiva está a cargo del Ministerio de Educación.
En tanto, el IPD remitió el oficio N° 002404-2024-DINADAF/IPD en donde se advierte observaciones por parte de la Dirección de Seguridad Deportiva al carecer de regulaciones sobre este órgano de línea del IPD.
La propuesta legislativa debe considerar la transferencia de la infraestructura deportiva recreativa en favor de los gobiernos locales y regionales, según corresponda; manteniendo únicamente la infraestructura de alta competencia en el IPD. Asimismo, debe precisar las competencias de las regiones en materia de administración de infraestructura deportiva y promoción de práctica deporte.
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